El anuncio de que Daniel Mendoza Leal, creador de la polémica serie Matarife, podría ser designado como embajador de Colombia en Tailandia ha generado un intenso rechazo, incluso dentro del mismo Gobierno de Gustavo Petro. A lo largo de esta semana, destacadas figuras políticas y diplomáticas han expresado su oposición a este nombramiento, citando tanto las publicaciones misóginas en redes sociales de Mendoza como su falta de experiencia diplomática.

Laura Gil, embajadora de Colombia en Austria, señaló que los trinos de Mendoza constituyen violencia de género y expresó su malestar directamente al alto gobierno. Por su parte, Arlene Tickner, embajadora itinerante para asuntos de género, pidió públicamente a Mendoza que decline el cargo, calificando sus publicaciones como misóginas y como una validación de la violencia sexual contra mujeres y niñas.

El rechazo no se ha limitado al ámbito diplomático. En el Congreso, representantes como Jennifer Pedraza y Katherine Miranda han condenado la posible designación, tildándola de una «traición a las mujeres». Además, han anunciado que promoverán una moción de censura contra el canciller Luis Gilberto Murillo. Desde la Cancillería, el sindicato de funcionarios también se manifestó en contra, cuestionando las credenciales de Mendoza y la coherencia del nombramiento con la política exterior feminista del gobierno.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, añadió un tono aún más alarmante al debate, denunciando que las expresiones de Mendoza en redes sociales refuerzan una cultura de violencia, citando ejemplos de comentarios que describen conductas inapropiadas hacia mujeres y niñas.

A pesar de estas críticas, el presidente Petro defendió enérgicamente la designación, señalando que cuestionar a Mendoza por sus publicaciones o imágenes personales sería un acto de censura incompatible con los valores democráticos. En sus redes sociales, Petro aseguró que como «demócrata radical y libertario» no cederá a las presiones para frenar este nombramiento.

La controversia refleja tensiones dentro del gobierno y el Congreso, donde muchos ven este caso como un retroceso en los avances en igualdad de género y políticas diplomáticas feministas. La presión aumenta a medida que crecen las voces que exigen una revisión del proceso de selección para los altos cargos diplomáticos.