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El anuncio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sobre la distribución de los 80 carrotanques adquiridos para mitigar la crisis hídrica ha desatado una tormenta de críticas. Mientras que La Guajira, una de las regiones más golpeadas por la falta de agua y mencionada en la histórica sentencia T-302, recibirá solo ocho carrotanques, el resto se enviará a otras partes del país.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, celebró la conclusión del proceso de aseguramiento de los vehículos, que tomó casi 10 meses y varios intentos fallidos. “Hoy celebro esto como si me hubiera ganado un mundial”, declaró, en un tono que no cayó bien en sectores críticos, quienes consideran que el tiempo perdido representa vidas y oportunidades desperdiciadas.
Carrillo culpó a la burocracia estatal y al “capitalismo salvaje” de las aseguradoras por las demoras. “El capitalismo siempre busca quedarse con la carne, mientras el Estado se queda con el hueso”, afirmó, criticando la reticencia de las empresas privadas a participar en el proceso.
Los vehículos, que permanecieron bajo custodia militar con pólizas de reposo, deberán someterse a un mantenimiento exhaustivo antes de su entrada en operación. La UNGRD aseguró que están “en garantía”, pero los cuestionamientos sobre su estado actual no se hicieron esperar.
“Después de 10 meses parados, ¿en qué condiciones están? ¿Cuánto costará ponerlos en marcha? Esto es un insulto para La Guajira, donde niños mueren de sed”, expresó un líder comunitario de Uribia.
La decisión de enviar solo ocho carrotanques a La Guajira, mientras que otros 72 serán distribuidos en regiones como Boyacá y Nariño, ha sido tachada de injusta por organizaciones sociales. “La sentencia T-302 estableció que La Guajira es prioridad. ¿Cómo se justifica que reciban menos del 10% del total?”, reclamó un activista de derechos humanos.
Carrillo defendió la distribución señalando que las necesidades de otras regiones también son urgentes. Sin embargo, sus argumentos no calmaron los ánimos. “Esto demuestra que el gobierno sigue sin entender la magnitud de la crisis humanitaria en La Guajira”, aseveró un congresista de oposición.
El proceso de compra de los carrotanques estuvo marcado por denuncias de corrupción. Aunque Carrillo aseguró que bajo su administración no se permitirán irregularidades, los críticos cuestionan la transparencia del proceso y los sobrecostos asociados.
Además, el director de la UNGRD insistió en que el Estado necesita robustecerse para responder mejor a emergencias. “No podemos seguir dependiendo de privados para garantizar algo tan básico como el agua”, afirmó, en un aparente intento de desviar la atención de las críticas hacia el sector público.
Para los habitantes de La Guajira, ocho carrotanques no representan un cambio significativo en su lucha diaria por acceder al agua. Mientras tanto, el resto del país observa con incredulidad cómo un recurso básico se convierte en motivo de controversias y demoras.
La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué, tras una década de denuncias, sentencias judiciales y promesas incumplidas, La Guajira sigue siendo la última en la fila?
