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Colombia, la «meca» del modelaje webcam, enfrenta una alarmante crisis laboral y de derechos humanos en los estudios donde operan miles de modelos.
Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW) ha revelado las deplorables condiciones a las que están expuestas las modelos webcam en el país. Estas mujeres, que trabajan principalmente en estudios, denuncian explotación sexual, abusos psicológicos y jornadas interminables en ambientes insalubres.
Las cifras son contundentes: Colombia lidera en número de webcamers a nivel mundial, pero el costo humano detrás de esta industria, que mueve miles de millones de dólares, es ignorado. Según el informe, las modelos están obligadas a trabajar en cubículos minúsculos, cubiertos de fluidos corporales de otros empleados, sin ventilación y rodeadas de chinches y cucarachas.
“Es imposible denunciar la violencia en el estudio”, relata María, una modelo de Bogotá que soporta jornadas de 12 horas bajo constante vigilancia. “Me exigieron simular una violación para un cliente, y cuando me negué, el dueño me acosó hasta que cedí. Necesitaba el dinero.”
El informe también incluye testimonios desgarradores de otras trabajadoras: una mujer trans denunció que fue obligada a continuar una actuación a pesar de experimentar dolor extremo, mientras otra contó cómo fue forzada a usar una botella de vidrio como juguete sexual, temiendo que se rompiera dentro de su cuerpo.
Un sistema de abuso encubierto
Los estudios, que retienen hasta el 70% de los ingresos de las modelos, imponen multas por pausas para comer o ir al baño y no garantizan ninguna medida de seguridad laboral. A estas condiciones se suman abusos verbales y amenazas de despido, creando un ambiente donde el miedo y la desesperación son la norma.
Aunque todas las entrevistadas afirman haber elegido este trabajo de forma voluntaria, coinciden en que las promesas de altos ingresos y libertad personal contrastan brutalmente con la realidad.
La industria webcam opera en un limbo legal en Colombia, lo que facilita que estas prácticas abusivas queden impunes. HRW insta al gobierno colombiano a intervenir con regulaciones claras para proteger los derechos laborales de estas mujeres, así como garantizar el acceso a servicios de salud mental y física.
La pregunta sigue siendo: ¿Hasta cuándo se normalizará el abuso en una industria que depende del silencio y la explotación para prosperar?
