La congresista Karen Manrique, vinculada al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), se acogió a su derecho a guardar silencio en su indagatoria ante la Corte Suprema. Pero su estrategia legal abre un frente polémico: solicitó que ministros clave del Gobierno Petro, incluido el de Hacienda, Ricardo Bonilla, sean citados a declarar.

Manrique, señalada de direccionar contratos por 92.000 millones de pesos hacia municipios específicos, asegura ser víctima de una trama sin pruebas claras. Su abogado insiste en que «no se desembolsó ni un peso», mientras el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, la involucra directamente en el manejo de los recursos.

La movida de la defensa, que incluye involucrar a altos funcionarios del gabinete, desata preguntas: ¿es una maniobra para diluir responsabilidades o un intento legítimo por esclarecer los hechos? La opinión pública sigue atenta a un caso que promete destapar aún más irregularidades en la administración de los recursos públicos.