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El presidente Gustavo Petro firmó y emitió una resolución con la que nombra ‘Gestores de Paz’ a los 18 jefes paramilitares más sanguinarios de Colombia. La medida les dará beneficios inicialmente por 6 meses.
En un controvertido movimiento que ha generado fuertes críticas y divisiones en la opinión pública, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha designado como «gestores de paz» a 17 exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo figuras notoriamente vinculadas con el paramilitarismo y el narcotráfico. Entre los nombres más polémicos se encuentran Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’ y Hebert Veloza García, alias ‘H.H’.
La resolución 453 de 2024, firmada por la Presidencia, otorga este estatus especial a los exparamilitares, quienes estarán encargados de «contribuir al desarrollo de actividades de construcción de paz». Aunque sus funciones no alteran su situación jurídica, aquellos que aún se encuentran en prisión podrán salir temporalmente para llevar a cabo sus tareas, con excepción de ‘Don Berna’, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos. En su caso, se han previsto medios electrónicos para que pueda participar en estas actividades desde el exterior.
Otros nombres incluidos en la lista son Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo Serna (‘el Señor de la Sierra’), Arnubio Triana Mahecha (‘Botalón’) y Fredy Rendón Herrera (‘El Alemán’), todos vinculados en el pasado con delitos de lesa humanidad, masacres, desplazamientos forzados y narcotráfico.
La decisión ha provocado una tormenta política. Mientras que algunos sectores cercanos al gobierno sostienen que esta medida es un paso audaz hacia la «paz total», la oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado su indignación, calificándola como una «afrenta» para las víctimas del conflicto armado.
El senador Miguel Uribe, uno de los críticos más fuertes del gobierno Petro, declaró:
“Nombrar como gestores de paz a criminales responsables de atrocidades contra la población civil es una traición a las víctimas. ¿Qué mensaje se le está enviando al país al darle estos beneficios a quienes cometieron los peores crímenes?”
Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, defendió la medida afirmando que “la paz se construye con todos, incluso con aquellos que en el pasado eligieron el camino de la violencia”. Según Rueda, la inclusión de estas figuras busca aprovechar su «conocimiento del conflicto» para facilitar diálogos y desescalamiento de la violencia en las regiones más afectadas.
La figura de «gestor de paz» no es nueva en Colombia; ha sido utilizada en procesos anteriores con grupos armados para facilitar diálogos y negociaciones. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia en esta ocasión es la inclusión de exparamilitares que habían sido expulsados del sistema de Justicia y Paz por incumplir compromisos de no reincidencia delictiva.
Algunos de los nombrados, como ‘Jorge 40’ y ‘Macaco’, fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y ahora, con esta designación, podrían obtener permisos temporales para salir de prisión bajo la supervisión de las autoridades.
Diversas asociaciones de víctimas del conflicto han expresado su repudio ante la medida. Para ellas, otorgar estos beneficios a quienes han sido responsables de masacres y desplazamientos forzados es una «revictimización».
Luz Marina Bernal, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), manifestó:
“Es inaceptable que el Gobierno premie a criminales que nunca mostraron un verdadero compromiso con la verdad, justicia y reparación. ¿Cómo se construye paz con quienes destruyeron tantas vidas?”
La decisión del presidente Petro llega en un momento crítico para su administración, que ha estado marcada por intentos de avanzar en diálogos de paz con distintos grupos armados, incluyendo el ELN y disidencias de las FARC. Sin embargo, esta jugada podría debilitar aún más su popularidad entre los colombianos que esperan justicia para las víctimas de décadas de conflicto.
El Gobierno ha aclarado que esta designación es revocable y que los nombrados deberán cumplir estrictos compromisos, incluyendo asistir a todas las diligencias judiciales en curso y contribuir activamente en el diseño de políticas de reconciliación. No obstante, los escépticos argumentan que estos «gestores de paz» podrían utilizar su nuevo estatus para evadir la justicia.
En un país donde el pasado aún sangra, la apuesta del gobierno Petro por incluir a los antiguos enemigos en la construcción de la paz promete ser uno de los capítulos más polémicos y divisivos de su mandato.
