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Petro le incumplió a sus electores, pues al posesionarse prometió ‘cero nepotismo’, y hoy hay MILLONARIOS contratos a hijos y parejas de sus funcionarios cercanos
Un nuevo escándalo ha puesto en jaque al Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, destapara una presunta red de nepotismo en la administración pública. Según Briceño, una docena de altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros y directores de importantes entidades, habrían colocado a familiares en puestos clave dentro del sector público, lo que ha despertado críticas tanto de la oposición como de la sociedad civil.
A través de un hilo en X (anteriormente Twitter), Briceño enumeró 13 casos específicos de presunto nepotismo en el actual gobierno. Entre los señalados se encuentran figuras destacadas como:
Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda: Según el concejal, la pareja sentimental del ministro, Claudia Liliana Cortés López, fue nombrada como directora de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales (UPRA) en junio de 2023, aunque Bonilla ha defendido que su esposa lleva trabajando en la entidad desde 2013 como funcionaria de carrera.
Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud: Briceño afirmó que la pareja del ministro fue designada como superintendente delegada de salud, lo que también ha generado cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo.
Gloria Inés Ramírez, Ministra de Trabajo: Según la denuncia, sus dos hijos también ocupan cargos en el gobierno, uno como jefe jurídico en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y otro como contratista del Ministerio de Cultura.
La controversia se intensificó después de que Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), publicara en sus redes sociales que “el nepotismo es corrupción”, lo cual fue visto por muchos como una autocrítica, dadas las recientes revelaciones. Esta declaración provocó una respuesta inmediata por parte del concejal Briceño, quien se comprometió a exponer más casos de nepotismo en el gobierno actual.
Bolívar se vio obligado a aclarar su postura, pero el daño ya estaba hecho, avivando un debate nacional sobre la ética y la transparencia en la gestión pública del gobierno Petro.
El escándalo también incluye a otras figuras prominentes del gobierno:
Roy Barreras, Embajador de Colombia en Reino Unido: Se le acusa de haber facilitado cargos diplomáticos para su hijo y su nuera en Washington.
Héctor Carvajal, abogado cercano a Petro: Según la denuncia, su hija, Natalia Carvajal Gómez, fue nombrada cónsul en Barcelona a pesar de no tener la experiencia diplomática requerida.
Irene Vélez, exministra de Minas: Su padre, Hildebrando Vélez, fue nombrado asesor en el Ministerio de Igualdad, dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. Además, su pareja, Sjoerd van Grootheest, recibió un contrato de más de 10 millones de pesos mensuales para liderar una estrategia de comunicación en el Fondo Colombia en Paz.
Ante las acusaciones, varios de los funcionarios han defendido la legalidad y transparencia de los nombramientos. Ricardo Bonilla afirmó que sus familiares obtuvieron sus cargos por mérito propio y no por su influencia como ministro. Similarmente, Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que los nombramientos de su pareja fueron hechos con base en su experiencia profesional.
Sin embargo, estas explicaciones no han logrado frenar el creciente malestar. Críticos de la administración de Petro, tanto dentro como fuera del gobierno, señalan que esta práctica contradice las promesas de cambio y transparencia que fueron pilares de su campaña presidencial.
El debate sobre si los nombramientos son resultado de nepotismo o de méritos propios sigue abierto. La oposición ha solicitado una investigación exhaustiva por parte de la Procuraduría y la Contraloría para determinar si hubo un uso indebido del poder en estas designaciones.
Mientras tanto, la polémica se suma a la lista de desafíos que enfrenta el gobierno Petro, poniendo en entredicho su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este caso podría tener repercusiones significativas en la opinión pública y en la gobernabilidad del país, especialmente en un momento en que la administración busca consolidar sus reformas sociales y económicas.
El país espera respuestas claras y acciones concretas para disipar las sospechas de nepotismo que ensombrecen la gestión de un gobierno que prometió un cambio radical en la política colombiana.
