El escándalo sacude al representante del Pacto Histórico, David Racero, tras revelaciones explosivas de presuntas irregularidades con su equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). La Procuraduría ha abierto una investigación preliminar en su contra, luego de que el periodista Daniel Coronell expusiera chats donde Racero, ex presidente de la Cámara de Representantes, presuntamente solicitaba dinero a sus colaboradores para pagar gastos personales, incluyendo su tarjeta de crédito.

La polémica no termina ahí. Según las denuncias, Racero habría asignado a un miembro de su UTL, Leonardo García, a realizar labores privadas en un minimercado de su propiedad durante la pandemia, usando recursos públicos. ¿Es esto una muestra de cómo los políticos del cambio perpetúan las mismas prácticas de siempre?

Además, Coronell reveló conversaciones entre Racero y el exsenador Jorge Londoño (Partido Verde), en las que discutían la repartición de puestos en el Sena, una entidad que aparentemente se había convertido en terreno de negociación política. Las sospechas apuntan a que la operación burocrática estaría coordinada por José Luis Mayorcas, tío de Racero, quien ha estado vinculado a controversiales negocios en el sector salud.

El representante Racero, uno de los nombres que suena para las elecciones presidenciales de 2026, enfrenta ahora serios cuestionamientos sobre su integridad y el manejo ético de los recursos públicos. ¿Estamos ante otro caso de «casta política» disfrazada de progresismo?

La opinión pública sigue expectante mientras Racero se defiende de las acusaciones, asegurando que solicitará investigaciones formales para limpiar su nombre. ¿Se trata de una cacería política o de un nuevo capítulo de corrupción en el Congreso colombiano?

¡El debate apenas comienza!