Durante una cumbre convocada esta semana, más de 20 mandatarios departamentales alzaron su voz contra lo que consideran un «castigo» por parte del Ejecutivo, señalando que los recortes podrían oscilar entre el 20% y el 30% en áreas claves como infraestructura, educación y salud.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, fue contundente: «El 80% de los recursos están en manos del Gobierno central, mientras los departamentos siguen con 79 billones de pesos paralizados en bancos y fiducias, esperando ser utilizados». La falta de ejecución en proyectos locales ha generado frustración, especialmente en regiones históricamente olvidadas como La Guajira y Sucre, que ven en estos recortes una profundización de la crisis social y económica que enfrentan.

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, no ocultó su indignación: «Con una reducción del 23% en un departamento donde la desnutrición infantil y la falta de vías son problemas críticos, esto es una tragedia anunciada». A su lado, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, alertó que su región sufrirá un recorte del 37.8%, lo cual afectará proyectos clave de infraestructura y servicios sociales.

A pesar de las quejas, el presidente Gustavo Petro respondió con firmeza, alegando que el aumento del gasto se debe al pago de la deuda heredada del Gobierno de Iván Duque. Sin embargo, Petro pidió el apoyo de los gobernadores para aprobar la ley de financiamiento, crucial para recaudar 12 billones de pesos adicionales, asegurando que no afectará a la clase media, sino que gravará a los «super ricos».

Los gobernadores no están convencidos, y el panorama es sombrío: sin esos recursos, los planes de desarrollo regionales corren el riesgo de ser aplazados, dejando a millones de colombianos, especialmente en las regiones más vulnerables, con promesas incumplidas y necesidades insatisfechas.