El caso de las interceptaciones ilegales o ‘chuzadas’ contra Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, no solo terminó con la condena a 10 años de prisión para dos patrulleros de la Policía Nacional, sino que también destapó lo que muchos consideran una red de espionaje y abuso de poder que llega mucho más lejos de lo que se ha querido admitir.

El intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales aceptaron su responsabilidad en delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Las condenas impuestas el pasado 25 de septiembre, que incluyen inhabilitación para ejercer cargos públicos, fueron presentadas como un triunfo de la justicia, pero lo que queda en el aire es la pregunta que muchos se hacen: ¿fueron ellos simples peones en un juego mucho mayor?

Según las revelaciones no oficiales, las órdenes de interceptar a Meza no salieron de los patrulleros, sino que habrían llegado desde niveles más altos, directamente desde la Casa de Nariño. Este escándalo, que involucra a la exjefa de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, parece una historia de espionaje digna de una película política. Sin embargo, ¿es realmente posible que dos policías de rango medio hayan actuado solos en algo tan delicado?

Los verdaderos culpables: ¿quién se está protegiendo?

La defensa de los policías es clara: «Seguíamos órdenes». Tanto Quinchanegua como Canizales han manifestado que confiaron en las instrucciones de sus superiores, un detalle que apunta a que las responsabilidades no se detienen en estos dos uniformados. Pero mientras ellos purgarán una década tras las rejas, los supuestos responsables de más alto nivel permanecen en las sombras, sin que hasta ahora haya una investigación que los toque.

El abogado Iván Cancino, representante de Marelbys Meza, ha dejado caer el guante en sus declaraciones: «Ellos no actuaron solos». Este caso, lejos de cerrarse con la condena, apenas está comenzando a levantar polvo. Cancino apunta a que hay más culpables por descubrir, lo que pone en la mira a algunos de los nombres más poderosos del país.

Una trama que enlaza muertes sospechosas y corrupción

La muerte del coronel Óscar Dávila, quien supuestamente se suicidó mientras se investigaban las irregularidades en la seguridad presidencial, agrega una capa oscura a esta historia. Aunque oficialmente no se han dado más detalles, muchos sugieren que su muerte está vinculada al escándalo de las chuzadas y que podría haber sido un intento de silenciar a alguien que sabía demasiado.

Además, la Fiscalía ya ha ordenado investigar una posible red ilegal de informantes dentro de la Policía Nacional, lo que abriría la puerta a que este caso sea solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. ¿Hasta dónde llega la complicidad de las instituciones del Estado en el uso ilegal de recursos y poderes para espiar y manipular?

El papel de Laura Sarabia y las preguntas que quedan

Aunque Sarabia no ha sido condenada ni oficialmente vinculada a las chuzadas, su nombre sigue siendo el centro de todas las miradas. La desaparición de dinero en su casa, que desencadenó la tormenta que ahora la envuelve, sigue sin aclararse del todo. Mientras tanto, la exjefa de gabinete parece haber salido relativamente ilesa del escándalo, siendo ascendida a directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Pero, ¿qué tipo de mensaje manda esto a los ciudadanos? ¿Es esta reforma un cambio real o simplemente una operación de maquillaje político? Al final, la justicia parece haber castigado a los más débiles, mientras los verdaderos responsables continúan cómodamente en sus puestos de poder.

Este caso, lejos de estar resuelto, deja un mal sabor en la boca de los colombianos, que ven cómo las instituciones del Estado parecen estar al servicio de intereses privados, mientras la verdad se ahoga en el silencio de los tribunales.