El manejo del presupuesto de 2025 por el gobierno de Gustavo Petro ha generado una controversia sin precedentes. Mientras el Congreso parece haber hecho caso omiso, dejando que el plazo para debatirlo expirara, muchos sugieren que el gobierno buscaba desde el principio que el presupuesto se aprobara por decreto. Petro ha culpado al Senado de obstruir el proceso, pero la falta de acciones claras por parte de los funcionarios del gobierno también deja entrever una estrategia calculada. Al no haber quórum en las sesiones clave, el presupuesto fue automáticamente rechazado, otorgándole al gobierno el poder de imponer sus cifras originales: 523 billones de pesos.

Esto no solo representa una movida audaz por parte de Petro, sino un desafío directo tanto al Congreso como a la Corte Constitucional. El presupuesto está desfinanciado en 12 billones de pesos, y la ley de financiamiento que lo solventaría enfrenta un ambiente tenso en el Congreso. Además, las demandas ante la Corte pidiendo la anulación del decreto plantean la posibilidad de una confrontación legal sin precedentes. Algunos críticos ven esta situación como un ataque a la democracia, destacando cómo el Senado fue excluido del debate y las implicaciones de este camino para futuros gobiernos.

El recorte de 2 billones de pesos a la Registraduría Nacional desató aún más polémica, con figuras como la senadora Angélica Lozano sugiriendo que el gobierno busca limitar las elecciones del 2026. Aunque el ministro de Hacienda aseguró que esos recursos se liberarían si se necesitaban, las críticas y acusaciones continúan, sobre todo entre quienes ven esta acción como un golpe a las instituciones democráticas.

En resumen, este movimiento por parte del gobierno no solo aumenta la tensión entre las ramas del poder, sino que también sienta un peligroso precedente para el manejo de futuros presupuestos en Colombia.