En un informe reciente, ha salido a la luz la estrecha relación entre la empresa Promotora de Comercio Inmobiliario (Procomercio) y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Procomercio, una inmobiliaria en la que Martha Plata Navas, amiga cercana del círculo presidencial y hermana de la mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer, es miembro de la junta directiva, ha suscrito contratos de arrendamiento con seis entidades estatales por un total de 116 mil millones de pesos desde que Petro asumió la presidencia.

La cifra ha generado controversia, ya que cuadruplica los montos que la empresa había obtenido en los últimos 14 años con administraciones anteriores. El contrato más grande se firmó con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), por 41 mil millones de pesos. Curiosamente, semanas antes de que se sellara este acuerdo, Martha Plata visitó al entonces secretario general del DPS, Jonathan Ramírez Nieves, para una reunión que duró nueve horas. Ramírez, quien había sido parte de la campaña presidencial de Petro y renunció en medio de un escándalo de corrupción, negó haber amañado licitaciones, pero su vínculo con el DPS y su posterior regreso al gobierno ha causado suspicacias.

Procomercio atravesaba una crisis financiera antes del ascenso de Petro, pero ha experimentado una notable recuperación desde entonces, logrando contratos con entidades estatales clave como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Agencia de Reincorporación.

El vínculo de Procomercio con el gobierno actual ha despertado interrogantes sobre posibles favoritismos y conflictos de interés, ya que los precios por metro cuadrado que ha cobrado a estas entidades superan en gran medida los que se han acordado con otros arrendatarios en el mismo complejo inmobiliario.

Este caso refleja una tendencia preocupante en torno a la influencia de amigos y aliados políticos en decisiones que implican grandes sumas del erario público, poniendo bajo escrutinio la transparencia en los procesos de contratación durante la administración Petro.